Mayelín Pérez
Madrid, España. El aborto siempre será una problemática de discusión en República Dominica y en muchos países del mundo.
Es una nota discordante para sectores que opinan desde sus creencias religiosas y una necesidad para aquellos que estiman que debe visualizarse como parte de la salud de las mujeres en general.
Los sectores ultraconservadores lograron en 2010 que se agregara en la Constitución un artículo en favor de la vida desde la concepción. Esto, a partir de que se olieron la posibilidad de la despenalización de la interrupción del embarazo en el Código Penal por tres causales: que afecte a la vida de la madre, por malformaciones o inviabilidad del feto a desarrollarse y por violación o incesto.
El Código había sido aprobado y debía entrar en vigor en enero de 2016, pero fue impugnado y hasta ahora, no se sabe cómo terminará este proceso.
Entonces, ¿no se debe legislar para toda la población? La acción de dejar engavetada la Carta Penal hasta que se decida el tema del aborto es una burla hacia el pueblo dominicano. No se pueden tomar decisiones que solo beneficien a una parte de la ciudadanía y afecte a otra. Debemos recordar que vivimos en un estado LAICO y no teocrático.
Ninguna mujer debe ser obligada a alumbrar una criatura que fuere concebida por una violación o a morir porque tenga que parir a pesar de que esto le cause peligro.
Tampoco está en el deber de dar a luz a un bebé con algún problema que le evite desarrollarse plenamente, o peor, sostener un embarazo que sabe no llegará a término porque es inviable el desarrollo del feto y estará muerto antes o al momento de nacer.
Esto debe ser una decisión, no una imposición.
Las estadísticas son abrumadoras: el 24% de las dominicanas han tenido un hijo antes de los 18 años; más preocupante aun es el hecho de que el 30% de los niños y niñas han sufrido abusos sexuales (en su mayoría por familiares y amigos cercanos); la tasa de mortalidad de nuestra nación es de las más altas de la región, con 106 decesos por cada 100.000 nacimientos; se vive con una desigualdad de género de un 44%; y lo más alarmante, al menos el 12% de las universitarias han abortado de manera inducida.
El aborto se practica mucho más de los que se tiende a creer y quienes más utilizan este método son las mujeres pobres. Por lo tanto, su despenalización es necesaria, no para que se practique más (hay estudios que demuestran que los países donde el aborto es permitido, menos mujeres lo utilizan que en los que hay prohibiciones) sino para que menos mujeres mueran.
En ese caso, a los sectores que no creen en el aborto, se les respeta el hecho de que no lo hagan, pero no se debe pretender poner en la misma disyuntiva a aquellas que si lo necesitan y quieran hacerlo. Esto es cuestión de salud primaria y bienestar social. Es esencial que se entienda que miles de mujeres mueren por abortos clandestinos y que esto tiene que parar. Es primordial entender que el aborto es una cuestión de salud.
Nuestras autoridades deben asumir un compromiso hacia el bienestar de las féminas y permitir que el nuevo Código Penal sea establecido, con la despenalización de las tres causales, sin dejarse imbuir por ningún tipo de dogma.
La esencia de la vida es ir siempre adelante
